ROL SOCIAL DE LA EDUCACION

DR. NELSON CAMPOS VILLALOBOS

Antes de entrar en materia referida a Chile y América Latina, conviene reflexionar un poco sobre cuáles son las funciones sociales de la escuela. Palomares y otros (2003) recientemente establecieron, desde la sociología, cuáles son esas funciones. Como veremos, todas ellas arrastran, de alguna forma, una restricción de la libertad, pero buscan la justicia, la igualdad y la equidad para la sociedad. No hay consenso sobre cuáles deben ser esa funciones, ya que las sociedades difieren profundamente entre sí. Hay diferencias en las expectativas que tienen los diferentes estamentos sociales, así como hay diferencias en las mismas personas sobre lo que esperan de la educación y las funciones que la escuela realiza. También hay una separación ideológica entre los que piensan que la educación es igualadora y los que señalan que, al contrario, es creadora de más desigualdad en la sociedad. Las funciones más evidentes son:

a. Función de guardia y custodia de los más jóvenes. Como señala Palomares y colaboradores, esta función está tan internalizada y es tan verdadera, que un autor español publicó en 1980 un libro titulado Educación y aparcamiento de menores. Lo que ha caracterizado a esta modalidad, es la retención de los estudiantes hasta antes de la vida del trabajo. Por eso tememos que la reforma educacional que extiende a jornada completa la permanencia en las escuelas, resulte ser apenas una forma de aparcamiento, en que los padres dejan a sus hijos al igual que lo hacen con sus automóviles y pueden estar largo tiempo fuera de la casa sin la preocupación de qué están haciendo los menores en casa durante su ausencia. La pregunta natural que surge es ¿Para qué extender la jornada escolar? Si es para entregar más contenidos en más horas de clases, para permitir el desarrollo de habilidades de comportamiento y académicas, para tener más tiempo para entregar más conocimientos, entonces ha resultado un fracaso, si se mide por el nulo efecto que la medida ha tenido si atendemos a las cifras del SIMCE en los últimos años.
La función de custodia se entiende como si la escuela se hubiese transformado en una guardería en la cual los niños son dejados porque los padres –y en especial la madre- no pueden o no quieren cumplir con su obligación primordial en la familia de cuidar a los hijos y estar al lado de ellos. Hay casos de abandono de la custodia en que la madre que trabaja no aporta más dinero al hogar, pues debe gastarlo en una empleada doméstica en quien delega los cuidados físicos y psicológicos que le competen, pero aún así prefiere salir a trabajar porque el estar fuera del hogar satisface otras necesidades, como la de reforzar la autoestima y sentirse más útil de otra manera.

b. Función de cohesión social y de construcción de identidad nacional: Esta función se estableció tempranamente en Chile, pues ya J.M. Carrera, en 1812, se planteaba la necesidad de formar debidamente a la futura burocracia nacional. De esta manera surgió como una necesidad la aplicación del llamado Estado Docente, como institución social que pretendía entregar valores y determinados conocimientos en las escuelas e instituciones del Estado y en las privadas, bajo la tutela y vigilancia suya. Esta función es legítima y necesaria, toda vez que ante la globalización de la información y de los medios de comunicación, mantener la identidad cultural nacional es cada día más difícil de lograr y así lo han mostrado las encuestas que sobre pertenencia e identificación al país se han realizado.
Max Weber señaló con su aguda observación del mundo capitalista, que la historia y la tradición entregan los valores que mueven a la sociedad. Señaló que el Estado es aquella institución que emplea la dominación atribuyéndose, ya sea legítimamente o no, el monopolio de la coerción física. La sociedad civil, entonces, está compuesta por los ciudadanos que aceptan esa dominación e incorporan los valores del Estado. ¿Quién entrega entonces esos valores? Necesariamente es la escuela. De ahí su importante rol para lograr la cohesión ciudadana en torno al Estado.
c. Función de formación para el trabajo y distribución de las posiciones sociales. En todas las sociedades, en todas las economías actuales se advierte una separación entre la escuela y la vida del trabajo, lo que no es conveniente para países que están saliendo del subdesarrollo. Se necesita urgentemente adecuar la escuela para que entregue los valores y conocimientos que requiere la empresa. Aquí se aplica la teoría del capital humano, que consiste en la convicción de que las personas pueden acumular un capital tan importante como el financiero, si acumulan más años de estudios formales y tienen más capacitación laboral. Se considera que los diplomas y los títulos obtenidos en las instituciones acreditadas son la moneda de cambio en el mercado laboral, como señalara Weber (1864-1920). Sin embargo, lo que era válido para los siglos XIX y XX, no lo es tanto para el que estamos iniciando, pues ya encontramos muchas personas que ejercen tareas distintas a las de su titulación originaria, como médicos dirigiendo instituciones educacionales o ingenieros dirigiendo establecimientos de salud, abogados dedicados a la economía o periodistas ocupando la alta burocracia educacional del Estado. Talvez la nueva función de la educación básica y media sea entregar las herramientas básicas para el logro de un pensamiento lógico, informado y con el dominio de habilidades generales y no específicas, que hagan polivalente al graduado a la hora de buscar una posición laboral o proseguir estudios superiores. En Estados Unidos, el grado de Bachellor (dos años de estudios superiores) es el mínimo y lo adecuado para pretender un puesto de trabajo en la burocracia de nivel medio tanto privada como estatal. En los países desarrollados funciona bien la meritocracia, como principal medio de acceder a las posiciones sociales que permiten real movilidad de clases. La idea de extender la educación obligatoria hacia la educación media completa, es parte de la percepción del Estado en las economías poderosas, que la enseñanza debe preparar más para la vida del trabajo que para la educación superior. En nuestro país, en cambio, pareciera que todo el esfuerzo educador se dirige hacia la continuación de estudios en la universidad, si bien aún la mayoría de los jóvenes no tiene los medios ni las habilidades necesarias y deberían estar mejor preparados para los cargos iniciales en la burocracia y en las empresas de servicios y productivas.
d. Función de control social e ideológico de la población: Una verdad que salta a la vista cuando estudiamos la historia educacional del país, es que todos los gobiernos, todas las ideologías políticas se han planteado en su momento mantener el poder mediante la reproducción de sus valores y particular modo de ver el mundo a través de la escuela como entidad de la sociedad percibida como productora del bien para el individuo y la comunidad. La mayor parte de las reformas han tratado de funcionar para ese fin egoísta y no por los intereses verdaderos de la comunidad. Al parecer, quien se hace cargo de la educación puede perpetuarse con ella. Recordemos las experiencias fascistas y dictatoriales que abundaron en el siglo XX y tendremos validada esta argumentación. La transmisión de valores suele transformarse en una forma de coacción, para que los futuros ciudadanos compartan la ideología de quienes están en el poder. La ideología marxista, en su momento explicó que la escuela reproduce la injusticia propia de la sociedad capitalista y que los gobiernos trataban de mantener la desigualdad porque favorecía a sus intereses. Para mayor precisión conceptual, la idea de la función que estudiamos es la que antiguamente se denominaba educación como socialización.
Por mi parte, agregaría otro tipo de funciones de la escuela:
e. Función de desarrollo de habilidades cognitivas y de reflexión: Ya Emile Durkheim (1858-1917) había estudiado el tema y señaló que el objeto de la educación secundaria era el desarrollo de la reflexión. Habiendo pasado muchos años desde el aporte de Durkheim y por el natural desarrollo y aporte de las ciencias sociales, podemos acotar la idea de ese sociólogo indicando que para lograr una actitud reflexiva sobre la sociedad, sobre sus logros y necesidades, previamente hay que trabajar pedagógicamente para que el niño vaya haciendo uso de los recursos psicobiológicos con que lo dotó la naturaleza. Si la educación es desastrosamente mala, afectará el pensamiento del niño, que quedará en etapas más primarias y no llegará a dominar las funciones superiores de la lógica y el razonamiento, lo que ya había descubierto Piaget. Quienes trabajamos en educación superior, encontramos que hay déficit en las capacidades de razonamiento, de pensamiento lógico y en todas las formas de expresión del lenguaje.
Al iniciar este capítulo es conveniente posicionar a la educación chilena en su trayectoria histórica y sus dos vertientes, que aún coexisten. La educación pública tuvo la virtud de crear un sistema coherente, ordenado, sabiamente burocratizado que logró universalizar la enseñanza, con una inversión que siempre fue alta para las disponibilidades del país y democratizó este bien nacional, llevando a la escuela hasta los más apartados lugares de la difícil geografía que nos ha correspondido habitar. Con el paso del tiempo, la educación privada ha pasado a ser el modelo de calidad que se busca, con mayor inversión por alumno, con mejor equipamiento y con una administración de excelencia. Pero ello no siempre fue así y hubo una época en que, como aún ocurre con las universidades estatales, en que la pública fue la mejor opción a la que podía optar una familia y que además era gratuita. Ahora, estamos presente ante un sentimiento generalizado ante la calidad de la enseñanza, que Freud llamó malestar y que es una mezcla de desesperanza, irritación y temor ante un fenómeno que cada día es más desigual, que hace hereditaria la pobreza y ante el cual no parece haber ninguna solución que revierta el proceso, al menos en las próximas décadas. De todas maneras, no se ha creado aún ninguna institución social que pueda reemplazar a la escuela y los futurólogos que creían que la sociedad tendería a la eliminación de la escuela como institución social porque sería reemplazada por la enseñanza a distancia y el uso universal de la Internet, han quedado desacreditados.
¿Qué es lo que diferencia a la educación pública de la privada? Examinemos algunas:
1. La distinta implicancia de la familia en el proceso. Las familias con mayor capital cultural esperan participar en el proceso y aún más, desean ayudar a que el establecimiento que escogieron esté más equipado, con profesores más idóneos y que las condiciones de bienestar sean mejores año a año. Es una especie de egoísmo altruista, interesado solamente en el bien de sus hijos. A diferencia del sistema gratuito, muchas veces los padres en las escuelas privadas tienen más cultura y conocimientos de algunas materias mayores que las que poseen los docentes. En el área pública, gratuita, el compromiso es menor porque se espera que sea el Estado el que se preocupe del bien de los alumnos, y como la gratuidad explícita que las familias que acuden a esas escuelas tienen necesidades insatisfechas, se espera que no se pida ningún aporte a esas familias. También como el nivel cultural es más reducido, no se comprende bien cuando un establecimiento tiene calidad en la enseñanza. Lo que ocurre en el aula pasa a ser un misterio.
2. Los procedimientos administrativos son más eficientes en el área privada justamente porque poseen más recursos y personal directivo y auxiliar más capacitado para las tareas burocráticas de apoyo a la enseñanza. El área pública gasta mucho en administración porque debe soportar una carga de personal muy alta, a veces excesiva para las funciones que se desarrollan de control y dirección del proceso.
3. En el área privada el gasto en mantener el proceso en marcha es visto como una inversión que aumenta el número de clientes interesado en comprar sus servicios. Mejores edificios, gimnasios, laboratorios de idiomas, de computación, de biología, de física se convierten en un medio para generar más dinero, lo cual es legítimo si ese afán se acompaña con el propósito de mejorar la calidad del servicio que se ofrece. Esta idea es una extensión de lo que pasa en el mercado libre, en que la competencia es buena y necesaria. En el área estatal, todo mejoramiento en la escuela pasa por las dificultades que parece presentar el Estado ante el cambio, que es lento y nunca proporciona más de lo estrictamente necesario para un nuevo proyecto. La innovación nunca es rápida. Salvo cuando una autoridad caprichosa y con el poder suficiente tuerce la mano a los planificadores e introduce modificaciones innecesarias e irrelevantes, pero con gran apoyo mediático.
4. La verticalidad del sistema estatal no considera las diferencias de los establecimientos bajo su custodia y no atiende debidamente a la diversidad. La máxima burocratización exige a los directores de escuelas ocupar mucho tiempo en atender a encuestas y contestar la correspondencia oficial que suele ser abrumadora por la variedad en la información que requiere continuamente. El aparato estatal ha creado un monstruo que se alimenta de información y que devora a los directivos y entraba la libertad necesaria para un proceso productivo en las escuelas.
5. Las diferencias en el logro existen, medido éste por los resultados en el test nacional del SIMCE, y éstas se deben más a externalidades que a deficiencias en la calidad de los docentes. Entre esas externalidades están el nivel en la cultura de las familias, sus recursos económicos, el equipamiento institucional, siempre más pobre en el sistema estatal gratuito, las necesidades insatisfechas de los estudiantes más pobres. La demostración de este argumento está en el hecho que en diez años se ha elevado más de tres veces el presupuesto en educación, sin que haya un mejoramiento, ni siquiera mínimo, que mejore la brecha entre los más pobres y los más favorecidos por la fortuna.

Pero examinemos también que es lo que hay en común en ambos tipos de establecimientos:

1. Los profesores han recibido similar formación pues el currículo es prácticamente el mismo y las facultades de educación de las universidades estatales y privadas presentan los mismos problemas, como el carecer de doctores en la planta docente, contar con alumnos poco motivados y carecer de investigación relevante y aplicada al proceso educacional.
2. Los valores que se entregan en las facultades de educación parecieran ser los mismos (salvo que haya una gran diferencia en la calidad de las universidades que imparten carreras de pedagogía) aún en las universidades de tipo confesional, en que se insiste en los de su religión, pero tampoco aquí hay diferencias extremas pues los valores morales son universales.
3. El Colegio de Profesores, la organización gremial, es una para todo el colectivo magisterial, pues aúna a los docentes de educación básica y media, por lo que en el área del desempeño social de la profesión tampoco hay diferencias.
4. Los planes de estudio y los programas que siguen los alumnos son prácticamente los mismos en ambos sistemas; el espacio que tienen los establecimientos privados y públicos es muy reducido como para tener el tiempo necesario en el año escolar para incorporar contenidos propios. Como ya dijimos, la obligación de contar con programas mínimos en la práctica corresponde a programas máximos, que ocupan todo el período escolar en su administración y desarrollo.
5. Si el dato que la inversión del estado en la educación es de 18.000 dólares por alumno, se está cerrando la brecha entre lo que gasta el Estado y lo que gasta el área privada por alumno, pero al mismo tiempo se está demostrando que la tarea del Estado está mal dirigida y hay despilfarro en algún lugar de la cadena burocrática. Si la administración fuese tan eficiente como es en el área privada, seguramente la brecha en calidad se estaría cerrando y no manteniendo en el tiempo como ocurre en la actualidad.

El malestar ante la educación pública no es privativo de Chile. En toda América Latina hay un sentimiento de frustración por el nivel de desarrollo educacional alcanzado en la región. Se diría que ningún país está contento con la cobertura y la calidad de la enseñanza lograda tras largos decenios de fuerte trabajo y con una inversión bastante alta dados los otros problemas sociales que abruman a cada país. Por otra parte, se han puesto demasiado esperanzas en la capacidad que tiene la enseñanza, por sí sola, para resolver los problemas de un continente que presenta una de las más altas desigualdades sociales del mundo. El Secretario General de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria (1998: 1) ha señalado:
“Hoy nos enfrentamos al enorme reto que representa el que nuestra educación no haya respondido al desafío generado por los nuevos modelos de desarrollo centrados en la competencia económica internacional y las demandas políticas, económicas, científico tecnológicas, sociales, culturales y éticas que emergen en los noventa. Desafortunadamente, los sistemas educativos no están respondiendo bien a estos desafíos. Muchos analistas hablan de manera creciente de una separación radical entre los sistemas educativos de la región y sus necesidades de desarrollo. Apuntan a la baja calidad de mayor parte de la educación pública, a su declinante rol en la promoción de la movilidad social, a la debilidad de la educación técnico vocacional al nivel de secundaria y de la proliferación de sistemas universitarios sobre expandidos, caracterizados por muchos establecimientos de baja calidad. Es esa falta de respuesta la que ha llevado a que los presidentes y jefes de gobierno hayan decidido darle una tal prelación y prioridad.
De que seamos capaces de transformar nuestros sistemas educativos depende el que podamos formar ciudadanos autónomos, informados, eficientes, responsables y tolerantes que estén en capacidad de asumir una actitud crítica frente a la información, que valoren la práctica democrática, la solución pacífica de los conflictos y la búsqueda de consensos y, por lo tanto, puedan acceder a una calidad de vida que aseguren el desarrollo de las instituciones democráticas y la paz social. Depende, también el que esos ciudadanos adquieran el conocimientos y las habilidades que les permitan adaptar o crear innovaciones tecnológicas que les puedan asegurar un adecuado ingreso al mundo del trabajo, que nos permitan competir internacionalmente y asegurar una mayor igualdad en los ingresos; el que, además, adquieran la habilidad de razonar y la capacidad de aprender por su propia cuenta, es decir, la capacidad de formar personas inteligentes y productivas, en condiciones de analizar y elegir opciones, de argumentar sin usar la fuerza y de comprenderse a si mismo y a los demás. Ciudadanos así formados en vez de actuar con docilidad o conformismo serán capaces de respetar y valorizar la diversidad y evitar los brotes de violencia urbana y rural”
A su vez, un documento de trabajo de la Organización de Estados Americanos sobre el tema de la educación en las Américas (1998) señalaba que entre las tareas que tenía la educación, están: 1. Superar la extrema pobreza2. Eliminar las grandes desigualdades de ingresos3. Evitar la marginación social y la violencia urbana4. Proporcionar integración y estabilidad social5. Proporcionar armonía étnica y social6. Capacitación de la fuerza de trabajo7. Formación de una comunidad de ciudadanos informados y responsables8. Promover la tolerancia política
9. Crear un clima más favorable para las inversiones nacionales e internacionales y para el crecimiento y prosperidad social y cultural.
Según los anteriores conceptos, provenientes de la más alta comunidad de autoridades educacionales del continente, la educación, concebida como un bien social, tiene enormes tareas que cumplir y pareciera, por las esperanzas depositadas en ella, ser un tratamiento extraordinariamente eficiente para los males que afligen a la propia sociedad. En esta creación social, recaen las más grandes responsabilidades que puedan pedirse a una institución creada por el hombre. Cualquier maestro, agobiado de trabajo, con una remuneración similar a la de los obreros podría decirles a los señores ministros que la educación no es una panacea y que para poder lograr lo que se espera de ella, los gobiernos deberían efectuar una inversión muy superior a la que se ha hecho y dirigida a una reingeniería total. Nadie espera, por el contrario, que la defensa del país cumpla una labor tan trascendental como la educación, pero sin embargo, en todo el continente, el gasto militar es igual o superior. No digo que la defensa nacional no sea importante, sino que lo que expreso se refiere a que ambos bienes sociales no producen las mismas esperanzas de mejorar la propia sociedad. La educación es una inversión y la defensa es un gasto.
Con el análisis de la información socioeconómica y educacional disponible, es posible demostrar que el problema principal de la sociedad latinoamericana es la desigualdad que se está convirtiendo en un problema hereditario, pues la pobreza se reproduce en un círculo que es imposible de vencer si la sociedad misma sigue siendo inequitativa. ¿Cómo puede haber equidad mínima en una comunidad en que el primer quintil de la población cuenta con casi el sesenta ciento del ingreso del país, y dónde la pobreza extrema continúa manifestándose en cifras superiores a la de los años ochenta? Si hemos comprobado (Campos, 2003) que solamente una media de 13 años de estudio garantiza acceder al trabajo, ¿por qué no se ha extendido la cobertura educacional obligatoria a la educación media? Si sabemos que la educación es tan importante, ¿por qué en los Ministerios del ramo no se contratan verdaderos expertos en la materia y por qué razón los consejeros de la autoridad son designados solamente con criterio político? Este es solamente un reducido número de las preguntas que no tienen respuesta en nuestra sociedad. La enorme inversión realizada desde hace muchas décadas en el gasto social educacional amerita y más bien exige que se de una cuenta seria del por qué los avances son tan pequeños en calidad y equidad; deberíamos saber en forma transparente en que se gasta el dinero de todos y por qué no está dando frutos pese a que los sucesivos gobiernos, desde 1990, han aumentado el porcentaje del PIB en educación.
Analicemos el concepto de inequidad. Para el gobierno de Chile, en un documento de trabajo (Gobierno de Chile: 1992) era entendida de la siguiente manera, al referirse a ella específicamente:
“La educación debe ser gratuita para todos aquellos que no están en condiciones de pagarla. El gobierno debe distribuir sus recursos y canalizar los medios asignados a la educación preescolar, básica y media, de modo de asegurar una creciente igualdad de oportunidades en el acceso y la permanencia en ellas. Más allá de tal meta, el Gobierno orienta sus esfuerzos de acuerdo a un nuevo gran objetivo educacional: el logro de crecientes niveles de equidad en la distribución del saber que organizan y transmiten los diversos niveles del sistema. De este modo se busca superar las desigualdades sociales y étnicas, y evitar las discriminaciones por sexo en la oferta y calidad de las oportunidades educativas, dando por tanto especial atención a los sectores marginados, urbanos y rurales.”
En un meta-análisis de este lenguaje, entendemos que el Gobierno “distribuye sus recursos”, es decir, se auto-asigna propiedad de la riqueza de toda la nación y por tanto, puede distribuirla según su parecer y determina que su rol como Estado es de tipo subsidiario; por tanto la educación solamente ha de ser gratuita para quienes no puedan pagarla y finalmente, la igualdad se lograría mediante el saber que transmiten los diversos niveles del sistema (educacional). Entonces, deja sin responsabilidades en las grandes metas educativas al resto de la sociedad. Esta posición es concordante con las expresiones provenientes de la OEA y de los ministros de educación del continente. Por otra parte, de esta manera se ha entendido el rol del Estado en educación en todos lo niveles, desde la básica a la terciaria. En el lenguaje de la autoridad, el concepto de equidad es limitado y parece carecer de potencia para efectuar cambios en nuestra sociedad.
Los gobiernos democráticos que nos han dirigido desde 1990, no ha cambiado las reglas del actuar que dejó la dictadura en cuanto a la responsabilidad de las instituciones, donde apreciamos un doble estándar: los organismos creados por particulares en la educación superior pueden perder sus autorizaciones si no mantienen los estándares de calidad exigidos, aún cuando no reciban aportes directos del Estado; en cambio, toda la educación subvencionada, básica y media, que sí recibe un aporte directo, no sufre sanciones si su calidad es baja, sino que al contrario puede acceder a programas remediales como ocurre con el Programa denominado P. 900 que ayuda a las escuelas más deficitarias en rendimiento de sus alumnos. El Estado es generoso con su dinero pero no vigila lo suficiente y controla, en cambio, con rigor al sector privado en la educación superior, que por no producirle gasto alguno estaría libertando recursos que se podrían invertir en los aspectos deficitarios de la educación que el mismo Estado brinda.. Tampoco hay medición de la calidad de la enseñanza universitaria estatal ni sanciones establecidas porque no hay mecanismos para detectar falencias cualitativas.
Se ha demostrado una y mil veces que nuestra sociedad es inequitativa. Ahora podemos señalar que ante esa situación, la sociedad, el Estado y el gobierno deben hacer una nueva lectura del concepto de equidad, que se relaciona directamente con el de justicia social. Este último concepto no aparece en el discurso educacional, aunque sí en el de algunos polítólogos.
Para algunos tratadistas (Borja, R. 1997:370) el concepto de equidad es ambiguo, porque tiene dos acepciones: la política y la jurídica. El concepto jurídico es impreciso, pues no es sinónimo de justicia; en este caso particular, es un correctivo que se hace para que al hacer distinciones por razones no estrictamente jurídicas, por ejemplo éticas o compasivas, en casos particulares no se aplica una pena con la misma severidad que indica el código; es una especie de flexibilidad que no sacrifica la justicia, sino que la perfecciona o corrige, pero no suplanta a la ley. En la acepción política, la equidad se relaciona con la igualdad económica y de oportunidades para todos en el proceso que lleva al desarrollo del país.
Los economistas de filiación liberal, conservadora o neoliberal suelen preferir el crecimiento económico a priorizar objetivos de equidad, puesto que piensan que el crecimiento produce un derrame o goteo que beneficia a los más necesitados de la población. En cambio los economistas provenientes de ideologías socialistas, prefieren la equidad como concepto orientador de su accionar. El posicionismo extremo siempre produce un efecto negativo o perverso en la equidad buscada: un ejemplo fue el socialismo extremo de Salvador Allende en los años setenta que llevó al ahogamiento de la iniciativa privada en el país. El otro extremo lo vimos en la crisis de los años ochenta iniciales, en que el modelo neoliberal de Pinochet produjo una cesantía del 46% de la población activa, la quiebra virtual de los bancos comerciales y el abandono de la educación obligatoria para miles de niños cuyos padres cayeron en la extrema pobreza por las políticas crueles de los economistas del gobierno.
Siguiendo a Borja (1997:561), el concepto de justicia social se refiere a:
“ una multitud de bienes y servicios, tangibles unos, intangibles otros. La remuneración por el trabajo, el acceso a la educación y la cultura, la seguridad social, la distribución de la renta, la participación en el usufructo de los bienes y servicios que se producen con el esfuerzo colectivo, la participación en el desarrollo social, son todos ellos elementos de la justicia social”
Para Borja, en el concepto de justicia social están incluidos los conceptos de equidad y de igualdad. Esta última se entiende como la uniformidad de oportunidades, para que todas las personas tengan un mismo punto de partida o tengan la asistencia compensatoria para que puedan tener esa misma posibilidad que los otros. A esta altura de la exposición podemos preguntarnos que relación hay entre la educación y la justicia social, puesto que generalmente se piensa en forma dual, que la educación está para la enseñanza en todos los niveles del sistema y que la justicia social tiene que ver con el trabajo, la previsión y los ingresos de las personas. Estamos de acuerdo con Connell (1997:18-23) quien expresa que la relación de la educación con la justicia social se debe a lo menos a tres razones:
1. Porque la educación suele ser la principal empresa del Estado, por la inversión realizada y por la cantidad de personas involucradas en ella; es un bien público de primera importancia.
2. Porque si bien actualmente la educación es un bien público muy importante, lo será más en el futuro. Connell, a modo ejemplar, señala que la industria de la informática, asentada en el sistema educativo de los Estados Unidos, constituye un determinante importante en el crecimiento o en la recesión económica. 3. Porque la enseñanza es una empresa moral y no puede serle ajeno nada relacionado con la ética. Para Connell, si se privilegia a un niño sobre otro, está dando al favorecido una educación corrupta, porque le da ventajas sociales o económicas que desfavorecen a otros. Por lo mismo Connell no está de acuerdo con la educación separatista para superdotados, o en elevar las exigencias de ingreso a determinadas escuelas, y aún rechaza las escuelas para los más necesitados. Llama a esas modalidades “afrentas a la igualdad de oportunidades educativas”
Connell nos proporciona un punto de partida para el análisis de la relación entre la justicia social y la educación, tema que para nosotros está ligado en forma indisoluble. Esto porque sostenemos con firmeza que si existe una sociedad inequitativa, poseerá un sistema educacional igualmente poco equitativo, debido a que el microcontinuum social (el individuo, la familia, el barrio, la escuela) reproduce al macrocontinuum (la sociedad toda) con sus mismas características sociales.
En nuestro particular caso en estudio, la educación obligatoria de Chile, con su educación privada elitista, con sus escuelas y liceos públicos mal equipados, con sus maestros mal pagados, reproduce a la sociedad en que la distribución del ingreso es una de las más inequitativas del mundo.
Es grave constatar que la inequidad no solamente se traduce en la existencia de desiguales oportunidades ante la educación o el trabajo, sino que conlleva un diferencial intrínsicamente perverso, pues la educación, si es de mayor calidad, favorece, por ejemplo en el ingreso a las universidades de calidad, como son las estatales chilenas, en desmedro de los jóvenes provenientes de los sectores menos favorecidos económicamente, que obtienen puntajes menores en las pruebas de selección. A su vez, los más ricos pueden obtener créditos bancarios blandos porque son buenos candidatos para la banca comercial: tienen buenos antecedentes comerciales y capacidad demostrada de pago, con lo cual pueden pagar a la universidad en una forma conveniente en plazos e intereses. En el área privada, como las universidades reciben un aporte económico por los postulantes que están entre los 25 mil mejores puntajes en las pruebas de selección nacional, esas instituciones becan o cobran solamente parte de la colegiatura a sus estudiantes que merecen ese aporte, que para colmo de inequidad, no va a la familia interesada, sino que ingresa directamente a los fondos de la institución. En un modelo más equitativo, la familia podría recibir el dinero en un cheque nominativo a nombre de la universidad que escogiera, la cual entraría a competir con mejores servicios y beneficios relativos para captar a esos alumnos. Se produce en el mercado universitario, una competencia por dar posibilidades de crédito como parte del marketing y no vemos que la lucha por obtener buenos candidatos se refleje en una oferta de calidad académica, sino más bien se centra en esos créditos y en las grandes infraestructuras que se pueden crear al tener gran cantidad de estudiantes financiando el crecimiento.
En términos de iguales oportunidades, no existe tal si el niño ha recibido una enseñanza de pobre calidad debido a que es pobre. En el sistema de libre mercado, el que tiene más dinero compra una enseñanza mejor. La equidad, concebida como una igualdad de oportunidades, no existe en nuestro modelo económico neoliberal latinoamericano, contra todos los esfuerzos que se hacen.
La idea tan acariciada por algunos partidos políticos de universidad para todos es una falacia, puesto que no basta abrir más vacantes en las diversas carreras; no basta con becar a los estudiantes pobres por el monto de las colegiaturas. Un alumno, de cualquier nivel, necesita ropa, dinero para libros, para su desplazamiento y para comer y vestirse dignamente. En Chile, un tercio de los estudiantes de las universidades estatales deserta en el primer semestre de clases y me aventuro a estimar que casi todos lo hacen porque no tienen dinero para las exigencias mínimas de la vida universitaria.
Examinemos finalmente la relación entre la justicia social y la educación con la lógica de un argumento impecable: si estamos en presencia de una sociedad injusta y la educación tiene una relación directa con la justicia social, y que potencialmente y bajo ciertas condiciones, puede ser un factor remedial de la inequidad, entonces es una materia que debemos conocer, entender, divulgar y aplicar todos los educadores, como parte del acervo ético y del quehacer de nuestra profesión.
Se ha sugerido que el problema latinoamericano en educación no es solamente un asunto de dinero; estamos de acuerdo, porque para nosotros, lo que realmente falta es:
1. - Conocimiento experto sobre las causales de la inequidad y su tratamiento
2. - Decisión política para establecer y ejecutar políticas remediales
3. - Educar a la población sobre cuáles son sus derechos y obligaciones societarias en una comunidad democrática. 4. - Ubicar a las políticas sociales desde una perspectiva ética, desde un modelo teórico que resista a la crítica y pueda argumentar desde un macrocontinuum que lleve a objetivizar esas políticas en el microcontinuum objetivo y subjetivo. La educación pública fue en su momento en Chile –hasta los años sesenta del siglo XX- un éxito por su calidad, si bien la cobertura no era universal, pero se había avanzado bien y tenía sus logros, como ser un modelo para muchos países de Latinoamérica. Por tanto, es prematuro decir que no sirve y que mejor dejemos en el área privada todo lo que sea enseñanza. Sin embargo, si estudiamos lo que ocurre en los países desarrollados, en ninguno ha ocurrido tal cosa. En esas naciones, el Estado, eficiente y eficaz, es de pequeño tamaño, con una burocracia de excelencia; ha conservado en sus manos y bajo su atenta vigilancia el tema de la calidad, invirtiendo más cuando es necesario y sustentando incluso a las grandes universidades privadas, las que por la implementación necesaria para la enseñanza de pre y post grado y para la investigación que genera bienestar para los pueblos, son incapaces de auto-sustentarse económicamente. En esas universidades, prácticamente todos los académicos tienen el grado de doctor, a diferencia del nuestro, donde estos expertos son minoría.